| Overview : **********EXTENSION DE PLAZO HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016********* Defensoría de los Habitantes Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Proyecto: Informe Nacional de Desarrollo Humano Términos de Referencia Consultoría para elaborar un estudio de la política fiscal en Costa Rica con enfoque de derechos humanos ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN Desde inicios de este siglo la Defensoría de los Habitantes propuso al Estado costarricense asegurar que sus obligaciones de Derechos Humanos se constituyeran en el marco integrador para brindar coherencia y consistencia a la política del Estado. Sin embargo, es a partir de la crisis económica del año 2008 cuando se acentúa la preocupación de esta Defensoría por los impactos que tendría la política pública en materia fiscal y económica en la realización efectiva de los derechos humanos de los y las habitantes. A partir de esa experiencia, la Defensoría se ha interesado en dar seguimiento a la política económica en defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes, para lo cual, a través de su Dirección de Asuntos Económicos, ha realizado diversas investigaciones en temas económicos que abarcan desde la reforma fiscal, la política cambiaria, acuerdos comerciales, el presupuesto nacional, tasas de interés, entre otros. Específicamente, la Defensoría se ha interesado en la vinculación entre la política pública y la realización de los derechos humanos de los habitantes. Dada esta situación la Defensoría se ha preguntado si los objetivos de la política pública, en especial la política económica, y las acciones implementadas para su logro, son congruentes con el fin del Estado de asegurar la realización efectiva de los derechos humanos de los costarricenses. En la actual coyuntura, cobra especial interés la política fiscal seguida en estas dos últimas décadas y las propuestas actuales de reforma que buscan corregir el déficit presupuestario del gobierno central, en relación con la obligación del Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de los costarricenses. Debe considerarse que el Estado costarricense, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) asumió la obligación de “adoptar las medidas necesarias”, hasta el máximo de los recursos disponibles, a fin de lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).[4] Ambos instrumentos, si bien establecen una progresividad en el pleno goce de los DESC, exigen unas obligaciones de acatamiento inmediato: la de adoptar medidas que aseguren esa progresividad, las cuales deben ser concretas, deliberadas y dirigidas hacia el cumplimiento de los derechos, así como asegurar un mínimo básico de disfrute de esos derechos. Por mandato legal, esta Defensoría debe proteger los derechos e intereses de los habitantes.Asimismo, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC), las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos han de tener la capacidad de vigilar los compromisos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en relación con ese grupo de derechos, en particular “la realización de investigaciones y de estudios con vistas a determinar la medida en que se llevan a la práctica determinados derechos económicos, sociales y culturales”. Por su parte desde el 2013, UNICEF y diversos socios han promovido anualmente encuentros regionales sobre inversión en la infancia en América Latina y el Caribe, los cuales han reunido a altos funcionarios de los gobiernos, miembros de la sociedad civil, personal de organismos internacionales y otros sectores de más de 20 países de la región. El propósito de estos encuentros ha sido intercambiar experiencias y conocimientos y fortalecer compromisos con respecto a este tema. Del último encuentro, entre las principales conclusiones, nace el reconocimiento de que aun cuando el trabajo de la región en este ámbito ha avanzado, es necesario transitar de la cuantificación y estimación de los recursos públicos para la niñez hacia el análisis de la calidad del gasto y las estrategias para lograr una mayor incidencia en la toma de decisiones de política fiscal y monetaria. Asimismo, entre los desafíos que enfrenta la región se señalaron los siguientes: i) la priorización de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, inversión pública con enfoque de equidad, y ii) la necesidad de mejorar la gestión integral de los servicios públicos para la infancia y la oportunidad para diseñar servicios públicos orientados a la demanda: ciclo de vida, factores culturales, adaptadas al territorio, entre otras dimensiones. El principal desafío identificado, sin embargo, recayó en el diseño de medidas y estrategias para asegurar los avances sociales frente a un contexto de desaceleración económica global. PNUD, desde el año 2013, ha trabajado en temas fiscales para posicionar la importancia de una política fiscal progresiva para la reducción de la pobreza y la desigualdad en Costa Rica. Por ejemplo, se ha trabajado con el Ministerio de Hacienda en línea con los siguientes objetivos: (1) Fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio de Hacienda en la realización de ejercicios de microsimulación que brinden información para la toma de decisiones sobre políticas públicas; (2) Fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio de Hacienda en la comunicación y educación fiscal basada en la transparencia. Bajo este marco, con el apoyo del Bureau Regional para América Latina y Caribe, durante los años 2013 y 2014 se apoyó al Gobierno en un proceso de capacitación de la herramienta para realizar microsimulaciones que permitieran estimar los efectos en la pobreza y la desigualdad de distintas propuestas de reformas fiscales. Con base en los resultados, PNUD Costa Rica promovió un proceso de diálogo de alto nivel entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social sobre los posibles efectos de medidas contenidas en proyectos de reforma fiscal que estaba preparando el Gobierno. Los resultados del este ejercicio de microsimulaciones fueron utilizados como referencia en la decisión de incorporar en la última versión de propuesta de reforma fiscal la estipulación de un mecanismo de devolución del pago del IVA a los hogares en los cuatro deciles más pobres (IVA personalizado). PNUD también trabajó con el Ministerio de Hacienda en el desarrollo de una Campaña de Educación Fiscal y Corresponsabilidad Ciudadana. Una de las conclusiones del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2013, Aprendiendo a Vivir Juntos: Convivencia y Desarrollo Humano en Costa Rica, es la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad de la población, en especial hacia el pago de los impuestos. Las personas muestran poca disposición a pagar impuestos. Al mismo tiempo parecen tener poco conocimiento sobre el uso de los fondos públicos, lo cual puede contribuir a la desconfianza y falta de asociación entre el pago de impuestos y el acceso a servicios básicos para promover el desarrollo humano. Por lo tanto, se apoyó el desarrollo de una Campaña de Educación Fiscal y Corresponsabilidad Ciudadana, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de pagar impuestos y cómo sus aportes contribuyen a su propio bienestar y al bienestar colectivo. Debido a los intereses y objetivos comunes de estas tres organizaciones, se tomó la decisión de realizar una alianza para promover una mejorar la comprensión de los vínculos entre la política fiscal y el cumplimiento de los derechos humanos en Costa Rica, mediante la investigación y comunicación. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Contratar los servicios de un(a) consultor(a) para elaborar un estudio de la política fiscal en Costa Rica con enfoque de derechos humanos con base en la metodología propuesta por CEPAL en el documento EL ENFOQUE DE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LA POLÍTICA FISCAL: CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO METODOLÓGICO PARA APLICARSE EN MÉXICO Y PAÍSES SELECCIONADOS DE CENTROAMÉRICA (2014), enfocado en tres derechos: educación, salud y vivienda. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A El/la consultor/a deberá cumplir con los siguientes requisitos: Por la realización de esta investigación se espera contar con los siguientes productos: [1] Capítulo 1 del Informe anual 2002-2003 de la Defensoría de los Habitantes. http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/informes/labores/documentos/if2002_03.pdf [2] Particularmente, debido a las medidas económicas tomadas por el gobierno para hacer frente a la crisis internacional de 2008-2010 en esa oportunidad [3] La política económica seguida por el Estado costarricense a partir de la década de los noventa del siglo pasado, ha privilegiado al mercado como mecanismo de asignación de recursos en un contexto de apertura y globalización económica. Además, entre otras mestas, busca el control de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio, la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica en general. [4] Cfr. Artículo 1 del “Protocolo de San Salvador” y Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [5] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3: La naturaleza de las obligaciones de los Estados Parte. E/1991/23 (1990). [6] Ley No. 7319 (1992), Artículo 1. [7] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 10, La función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, E/C.12/1998/25 (1998). Contar al menos con nivel de Licenciatura en el área de Economía, preferiblemente Doctorado o Maestría. Experiencia en investigación. Experiencia en desarrollo de estudios sobre política fiscal y presupuesto público. Experiencia trabajando con enfoque de derechos humanos y de género. Preferiblemente con experiencia trabajando con agencias del sistema de Naciones Unidas. Analizar la metodología propuesta por la CEPAL en documento EL ENFOQUE DE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LA POLÍTICA FISCAL: CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO METODOLÓGICO PARA APLICARSE EN MÉXICO Y PAÍSES SELECCIONADOS DE CENTROAMÉRICA (2014), enfocado en tres derechos: educación, salud y vivienda, y cómo se podría aplicar al caso de Costa Rica. Identificar la información necesaria para realizar el estudio y recopilarla a partir de fuentes primarias, entrevistas con instituciones públicas y estudios previamente elaborados. Identificar vacíos de información y limitaciones para la aplicación de la metodología. Analizar la información con base en el marco metodológico propuesto por CEPAL. Desarrollar hallazgos y recomendaciones de política pública. PRODUCTOS Plan de trabajo, cronograma y propuesta metodológica. Documento borrador del estudio para revisión. Documento final del estudio y CD con la información y estudios revisados. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO La persona consultora trabajará de manera directa, con comunicación constante, y bajo supervisión directa de las personas funcionarias de la Defensoría de los Habitantes, UNICEF y PNUD designadas para acompañar este proceso. FORMA DE PAGO: La remuneración será en tres tractos contra la entrega y aprobación de los productos indicados de la siguiente forma: Primer Pago: 20% recibido conforme del plan de trabajo, cronograma y propuesta metodológica. Fecha de entrega del plan de trabajo: 2 semanas después de la contratación. Segundo Pago: 40% contra la presentación y aprobación del documento borrador del estudio para revisión. Fecha de entrega: 6 semanas después de la contratación. Tercer Pago: 40% contra del documento final del estudio y CD con la información y estudios revisados. Fecha de entrega: 10 semanas después de la contratación. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN Las personas que deseen postularse para esta consultoría deben necesariamente presentar la siguiente documentación: Carta de interés. Formulario P-11 (localizable en www.cr.undp.org en la sección de Operaciones/ Centro de Servicios / Formulario P11) y/o adjunto a esta publicación. Hoja de vida actualizada. Oferta económica en colones, debidamente detallada por rubros, firmada y con período de validez. En la oferta deberá indicar el valor total del servicio, en la cual deben estar incluidos los montos por concepto de hospedaje, alimentación, transporte, materiales, desarrollo de talleres y cualquier otro gasto incluyendo sus viáticos, en caso de que aplique. Los documentos deberán adjuntarse por separado, y debidamente firmados. La no presentación de alguno de estos documentos deja la oferta descartada. Las personas interesadas en participar en esta consultoría deberán enviar la documentación indicada, al correo electrónico adquisiciones.cr@undp.org indicando en el asunto/subject del correo: Política fiscal y derechos humanos. La fecha límite de recepción de ofertas es el 8 de noviembre del 2016. Las ofertas que se reciban fuera de la fecha y hora establecida serán descartadas. Las personas interesadas no deben haber ejercido funciones o cargos en el gobierno durante los últimos seis meses. Se invita a las mujeres a participar. | 
